A pesar del enorme peso de la pseudociencia en nuestros días, de la cantidad de teorías extrañas que circulan por la red, está meridianamente comprobado que no podemos adivinar el futuro. Aunque sí podemos hacer otras cosas, precisamente, relacionadas con nuestra conducta futura. Por ejemplo, podemos ser parte de una matriz de datos a partir de la cual se construyen modelos sobre la dirección en que marcharán nuestros consumos culturales, tendencias políticas, etc. Proteger mis datos personales para evitar usos delictivos es más necesario que nunca.

Lo anterior es uno de los riesgos que se desprenden de compartir tanta información en las redes sociales y otros lugares del universo digital. Convertir nuestra existencia en algo de dominio público (se ha dicho tantas veces que suena a cliché) significa el fin de la privacidad, mediante la entrada de perfectos desconocidos en la cotidianidad de cada uno.

Claro, a diferencia del cine, la literatura y las teorías de la conspiración, este fin de la privacidad no es producto de una gran conspiración a escala global. No, en realidad la demanda de datos personales por parte de Administraciones y compañías está encuadrada en las transformaciones que ha experimentado nuestro modo de producción en el tiempo, totalmente determinadas por la digitalización y, en general, una forma de vida vinculada a nuestro alter ego digital.

Las contradicciones recreadas por esas transformaciones son mayúsculas, en parte, porque los productos y servicios que, cada vez más, parecen configurar el modo de vida contemporáneo plantean una demanda creciente de datos, hasta el punto de asistir a una suerte de equivalencia entre ciudadano y usuario. En sentido de lo anterior, los sistemas y dispositivos que recolectan y sistematizan datos personales muestran una cada vez mayor sofisticación.

Recordemos que la cuestión de la privacidad hace parte del relato socialmente aceptado sobre los derechos inalienables que acompañan a cada individuo. El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Esta norma de aplicación universal se instrumentaliza mediante normativas nacionales y a través de grandes comunidades políticas y de Derecho, como la Unión Europea y su Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así, en materia de privacidad y protección de datos siempre estamos jugando a un complicado equilibrio entre derechos y libertades ciudadanas y mantenimiento de la seguridad, salud pública (como en época de pandemia) y servicios.

La tendencia, con énfasis en los lugares del mundo con legislaciones más maduras (como el RGPD), es que la opinión pública demande a las autoridades protección a sus datos personales. De cierta forma, esto se refleja en los grandes procesos sancionadores que durante los últimos años hemos visto aplicados por las autoridades nacionales en protección de datos. Una de las noticias recientes y más relevantes al respecto es la multa de 746 millones de euros impuesta a la multinacional Amazon por parte de la Comisión Nacional de Protección de Datos de Luxemburgo (CNPD), por una vulneración de las leyes europeas sobre protección de datos.

MIS DATOS PERSONALES

Es importante recordar que el espectro de delitos que se hacen posibles a partir de un análisis enfocado e inteligente de los datos que introducimos en la red es muy amplio: fraudes bancarios, compras no autorizadas, robos de identidad, etc. Las preocupaciones aumentan con la extensión de tecnologías como el reconocimiento facial y la utilización de datos biométricos, pero también con la profunda sofisticación alcanzada por los sistemas de manipulación política a través de acciones y comunicación masivas en las redes sociales, que pueden llegar a cuestionar los valores democráticos de la sociedad.

En sentido de todo lo anterior, también se ha convertido en cliché hablar sobre educar a la sociedad acerca del buen uso de su información personal. Sin embargo, parece que algunas conductas están ya instaladas, como grabar en los perfiles de redes sociales una información detallada de nuestra vida: hábitos de consumo, geolocalización, estudios, etc.

No hay duda de que ciertos hábitos pueden ayudar a mantener la seguridad sobre los datos personales. Por ejemplo, no enviar direcciones de correo electrónico en portales que no sean seguros; sospechar por defecto de los ficheros adjuntos; no abrir mensajes enviados a la carpeta de no deseados; crear contraseñas seguras; las aplicaciones deben descargarse de tiendas conocidas y seguras; si hay información delicada en el dispositivo, éste debe tener medidas de protección; evitar conectarse a redes inalámbricas abiertas o sin contraseñas; etc.

Lo cierto es que existen diversas herramientas que ayudan en la protección, pero la mayor seguridad vendrá de una conducta digital donde la privacidad y la protección de datos es la prioridad. En estos momentos, con el drama de la pandemia todavía vivo, asistimos a otro encendido debate relacionado con la protección de datos personales. Hablamos de las políticas sobre los certificados de vacunación (y el flujo de datos que se pone en movimiento) como requisito para viajar o acceder a ciertos servicios, una práctica que se está implementando en diversos lugares de Europa.

En conclusión, estamos ya en el momento donde todos deberíamos informarnos detalladamente acerca del destino de todos aquellos datos que, sin cesar, demandan las organizaciones, así como de los derechos que nos asisten. Es decir, los expertos y especialistas en protección de datos tienen también una importante función educativa, función educativa que la propia Ley Orgánica de Protección de Datos y derechos digitales de España ya recoge como un derecho de los ciudadanos: el derecho a la educación digital.

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