RGPD y opinión política

Desde diversas tribunas de opinión, algunos expertos llevan tiempo hablando sobre la posible utilización de los datos, nuestro rastro digital, para trazar perfiles personales con información de carácter político-ideológico, entre otros fines. El uso de la tecnología para estudiar a la población, que entiende de fines prácticos pero no democráticos, es un campo de estudio con preocupación por la privacidad, la protección de los datos personales y las libertades del individuo.

Si existe algún factor absolutamente decisivo en el estilo de vida de nuestras sociedades, ese es el tecnológico; y, más concretamente, el desarrollo de sus capacidades en torno al tratamiento y análisis de los datos. Algunas de sus posibilidades auguran un futuro que podría responder a los grandes retos humanos, pero otras aún guardan un debate en los terrenos de lo ético que nos involucra a todos.

En este momento, España marcha a la vanguardia de las legislaciones que buscan establecer seguridad jurídica y proteger la privacidad, gracias a la adaptación hecha por la nueva Ley Orgánica de Protección Datos y Garantía de los Derechos Digitales respecto al Reglamento Europeo de Protección de Datos.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD: GRANDES AVANCES

Entre las cuestiones donde hemos hecho grandes avances están las relativas a los derechos digitales.  La carta de derechos digitales que incluye la normativa española ha sido objeto de profundas discusiones debido, en parte, a la posibilidad de que organizaciones con intereses electorales recolecten y den tratamiento inteligente a datos personales procedentes de la Red (sitios Web, redes sociales, etc.).

Resulta evidente que el intercambio de opiniones aún no está agotado: a la posibilidad de que una organización busque datos personales de acceso público se suma la propia profundidad analítica de los resultados obtenidos, gracias a la solución tecnológica utilizada. Es decir, esta práctica puede aportar información algo detallada sobre nuestras tendencias ideológicas. Lo que, a su vez, permitirá un nivel de adaptación sin precedentes del mensaje y la propaganda política.

Por supuesto, existen novedades muy importantes sobre los procedimientos a usar para informar a las personas acerca de las acciones que tendrán como objetivo sus datos personales extraídos de Internet: acceso, supresión, rectificación, etc. A los que bdeben sumarse, entre otros, el derecho a la neutralidad en la Red, a la confidencialidad, la seguridad, etc. Existe una intencionalidad en torno a la vulnerabilidad y la protección en menores o víctimas de violencia machista, por ejemplo. Ahora los centros de enseñanza adquieren ciertas obligaciones para instruir y garantizar un uso seguro de Internet.

Pero también nos encontramos con una regulación explicita en lugares que siempre han sido objeto de otro fuerte debate social, como el derecho al olvido en las redes sociales. Algo que se extiende a la protección de la intimidad en el trabajo y el derecho a desconectarse, así como los límites de la geolocalización. Pero en esos ámbitos productivos, también se desarrolla la noción de vida privada en terrenos algo conflictivos como la vigilancia por vídeo o las grabaciones en otros formatos. 

En síntesis, parece o podría ser que estemos ante el comienzo del fin de una época que empezaba a recordar a 1984, y es la prueba de que un avance legislativo consensuado y estudiado puede claramente beneficiar a los ciudadanos. 

AVANZAR MÁS EN LA PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA

Pero hacen falta mayores avances, en concreto aquellos que previenen el uso de datos personales por parte de partidos políticos, en especial cuando han sido recolectados sin consentimiento explicito. La sospecha, en diversos colectivos sociales, de que una organización política o una gran consultora pueda reunir y analizar mis datos para crear un perfil sobre mi orientación ideológica demanda un estudio social, técnico y académico de mayores alcances.

Recordemos el estupor causado en la mayor parte de Europa por escándalos como Cambridge Analytic o la pasada elección presidencial en los EE.UU.   

Ante esta preocupación, la autoridad competente española, la Agencia Española de Protección de Datos, ya advirtió que no iba a tolerarse el trazado de perfiles en base a la opinión política ni el envío de información adaptada o personalizada según la información aportada por éstos.

Es decir, no parece existir ningún punto ciego donde una organización política pueda trascender la normativa. Sin embargo, la cuestión podría estar, precisamente, en los mecanismos de control encaminados al establecimiento de garantías adecuadas: en efecto, el rastreo de la Red puede dar información general sobre el estado de la opinión pública en alguna materia concreta. Y esta es una herramienta ampliamente usada en todo tipo de estudios.

Pero, como bien saben los estadísticos, los Data Science y los científicos sociales en general, basta una segmentación superficial y una sutil ingeniería de lenguaje para personalizar un mensaje con contenido ideológico. Y recordemos las herramientas de segmentación que ponen a disposición de los expertos algunas grandes plataformas o redes sociales.

Es decir, no queda muy claro cuándo un mensaje está creado en base a técnicas tradicionales, por ejemplo, de estudios de opinión y cuándo está personalizado en base al análisis de datos sacados de Internet. 

Estamos en proceso de maduración de una normativa que nos ofrece la oportunidad de hablar y debatir sobre aspectos de grandísimo interés para nuestros modelos de sociedad. Por supuesto, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales será expuesta en el Programa de Experto, Especialista y Máster en el Reglamento General de Protección de Datos organizado por la UNED y la AEPD.

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Email de información: jglez@cee.uned.es - rhc@agpd.es

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