Las últimas informaciones dicen que las reclamaciones recibidas por la AEPD, desde la entrada en vigor de la nueva normativa, habrían crecido un 36% (respecto al mismo período en el 2017). En el momento anterior a la entrada en vigor del RGPD ya habían crecido un 23% respecto al mismo momento en 2017.

Al parecer, los aspectos que preocupan y motivan esos recursos ante la Agencia Española de Protección de Datos se relacionan con invasiones o llegada de mensajes electrónicos no deseados, campañas comerciales, vigilancia por vídeo y, cómo no, la inclusión en ficheros de morosidad.

Según los datos de la AEPD, pasados tan solo tres meses desde la entrada en vigor de la norma europea, el 25 de mayo, ya se registraba un crecimiento del 33 %. Claramente, podíamos esperar esa evolución en las cifras. Este cambio, basado en una legislación obligatoria de ámbito europeo, en parte responde a una preocupación de escala social: el uso de nuestros datos de carácter personal, por ejemplo, el comercio de ellos entre terceros y las formas en que ésas prácticas pueden afectar la intimidad.

Se entiende que no se puede hablar del impacto de las nuevas tecnologías de la información, sin contar con un apartado especialmente dedicado a la privacidad. Así pues, la ciudadanía en general no está ya dispuesta a la vulnerabilidad que podía acompañar nuestra actividad digital y el rastro que ésta deja por la Red (objeto de un procesamiento que puede desvelar muchos detalles acerca de nuestro comportamiento, tendencias, consumos, etc.).

La síntesis de esta nueva demanda social, de alguna forma, se refleja en el curso que se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados, donde transcurre el proyecto que pretende reglamentar en España la norma europea de Protección de Datos, aparentemente con amplios apoyos por parte de los grupos.

Uno de los puntos centrales del proceso parlamentario ha sido aquel que se refiere a la “Garantía de Derechos Digitales”, que trata el “olvido” como un derecho que debe ser protegido.  Pero el debate se extiende a la protección de la intimidad ante acciones como la vídeo vigilancia o la geolocalización.

Esta diversificación, lógicamente, tendrá una influencia importante en el tipo de acciones y reclamaciones, pero también en su volumen; puede esperarse un aumento que no se estabilizará hasta el cabal cumplimiento por parte de todas las empresas y organizaciones cuya actividad involucra datos personales.     

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